¡Miserable, una decisión miserable!

¡Miserable, una decisión miserable!

Tumbar la norma de la JEP que le daba penas altas del código penal a violadores de niños en el marco del conflicto con el argumento que darle esas penas no contribuirían a la verdad y desincentivaría la confesión de esos delitos es como si hoy se comprobara que “la Madame” utilizaba a los menores

Tumbar la norma de la JEP que le daba penas altas del código penal a violadores de niños en el marco del conflicto con el argumento que darle esas penas no contribuirían a la verdad y desincentivaría la confesión de esos delitos es como si hoy se comprobara que “la Madame” utilizaba a los menores de edad para explotarlos sexualmente y que en vez de tener cárcel efectiva, tuviera sólo restricción de la libertad sembrando naranjas en una granja, beneficios  que se le darían si  delata a sus jefes contando “ la verdad de los hechos a las víctimas”, cuestión que hoy la ley Colombiana prohíbe de forma irrefutable.

En los debates en el Congreso fui autor junto con la Senadora Maritza Martínez de una proposición al proyecto de ley estatutaria que que reglamenta la Jurisdicción Especial Para la Paz – JEP, en la cual se establecieron penas ordinarias del Código Penal a violadores de niños en el marco del conflicto armado, es decir la interpretación que sustentó esa modificación fue que “una violación sexual a una persona vulnerable como un niño nada tiene que ver con el fin perseguido en un conflicto armado, el cual es la consecución del poder político”. Esa propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, de hecho fue la única modificación que fue votada en consenso general.

Pero recientemente la Corte Constitucional acaba de dar vía libre a ese proyecto de ley estatutaria – JEP tumbando la modificación en comento, una decisión miserable por lo que explico a continuación:

Como Estado Colombia está obligada a cumplir los Tratados de Derechos Humanos y la Constitución Política que integran el llamado Bloque de Constitucionalidad. En la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y en el artículo 44 de la Constitución se establece un mandato claro: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Por tanto, toda decisión legislativa, judicial, administrativa o de cualquier índole debe inexorablemente poner en prelación los derechos de la niñez sobre cualquier otro derecho incluyendo en este caso el derecho a la paz manifestado en no recibir penas altas por parte de quienes negocian la solución de un conflicto armado por medio de la justicia transicional.

Así las cosas, la Corte al tumbar la norma de la JEP que le daba penas altas del código penal a violadores de niños en el marco del conflicto con el argumento que darle esas penas no contribuirían a la verdad y desincentivaría la confesión de esos delitos es como si hoy se comprobara que “la Madame” utilizaba a los menores de edad para explotarlos sexualmente y que en vez de tener cárcel efectiva, tuviera restricción de la libertad sembrando naranjas en una granja, beneficios  que se le darían si  delata a sus jefes contando “ la verdad de los hechos a las víctimas”, cuestión que hoy la ley Colombiana prohíbe de forma irrefutable.. Hoy, nuestra ley penal dice que ningún delito cometido contra los niños le otorga beneficios de subrogados penales a esos victimarios, no se entiende que diferencia habría entre un violador de niños ordinario y otro violador que se haya vestido de guerrillero o militar dentro del conflicto armado.

La violencia sexual en los conflictos armados está tipificado como crímenes de guerra  de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario DIH, si la JEP les da penas bajas a esos violadores la Corte Penal Internacional puede actuar al menos desde noviembre de 2009 hasta la fecha.

No se entiende como llaman populistas punitivos a quienes como yo hemos promovido la Cadena Perpetua para violadores y asesinos de niños, pero la Corte de tajo y sin una política criminal que la sustente decide otorgar esos beneficios de sanciones alternativas, una decisión que es una vergüenza mundial, una decisión miserable en contra de nuestros niños.

Por: Efraín Torres Monsalvo

Director Fundación Primero Los Niños

 

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