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La lucha antiterrorista no suprime la responsabilidad de los Estados de proteger a las víctimas de trata

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Fotografía: Naciones Unidas

Tomado de: Naciones Unidas

La relatora especial* de la ONU sobre trata de personas advirtió este miércoles que, en lugar de recibir protección, las víctimas de ese delito son castigadas y estigmatizadas.

En un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Siobhán Mullally planteó las fallas recurrentes de los Estados para identificar y ayudar a las víctimas de trata y proteger sus derechos humanos.

“Los Estados tienen la obligación, sin excepción, de identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y deben tomar en cuenta las necesidades de las personas que son víctimas de ese delito a causa de grupos terroristas o de conflictos”, recalcó.

En este sentido, urgió a que las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz redoblen esfuerzos para prevenir la trata de personas e identificar y proteger a las víctimas, especialmente en países en un proceso de transición de un conflicto a la paz.

Se castiga a las víctimas
La experta consideró que muy a menudo se castiga a las víctimas de trata a manos de terroristas porque los Estados no las identifican ni las protegen, muchas veces por su supuesta asociación con los grupos victimarios o por el estigma, la discriminación y el racismo asociados con ese delito.

“Es muy preocupante que cuando la trata ocurre en un contexto de terrorismo, la discriminación por parte de los Estados cause fallas de protección y aumente los riesgos de que las víctimas, incluidos los niños, vuelvan a ser traficados”, explicó Mullally.

Afirmó que los grupos terroristas se valen de la trata con fines de matrimonio forzado, explotación sexual, trabajo forzoso y criminalidad forzada como una estrategia y lamentó que cometan este grave delito impunemente debido al fracaso estatal.
Los niños
La relatora dijo que las organizaciones terroristas reclutan a muchos niños en situación de vulnerabilidad que habitan en campamentos de refugiados o desplazados para explotarlos, una situación que se ha agudizado con la crisis acarreada por la pandemia de COVID-19.

Detalló que esos niños no sólo son explotados sexualmente, sino que también se les utiliza en combates armados o se les envía a plantar explosivos y a llevar a cabo atentados suicidas.

Mullaly se refirió al Protocolo de Palermo -cuyo objetivo es prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas-, y aseveró que tanto los Estados como los actores humanitarios deben respetarlo.

Es su obligación identificar a las víctimas de trata de manera temprana y brindarles asistencia médica, psicológica y legal especializada, añadió, citando también las leyes internacionales de derechos humanos.

“El deber de no discriminar es una norma básica de los derechos humanos y se aplica a las obligaciones de los Estados de proteger las garantías fundamentales de todas las víctimas de trata”, enfatizó la experta.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.