Iniciativa busca fortalecer penas por delito de testaferrato

Iniciativa busca fortalecer penas por delito de testaferrato

El proyecto anticorrupción radicado por la bancada de Cambio Radical, busca además extender los procesos de extinción de dominio a los jueces penales y establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas. Este martes la bancada de Cambio Radical radicó un proyecto de ley, que se suma a las propuesta anticorrupción planteadas por el Gobierno y

El proyecto anticorrupción radicado por la bancada de Cambio Radical, busca además extender los procesos de extinción de dominio a los jueces penales y establecer responsabilidad penal para las personas jurídicas.

Este martes la bancada de Cambio Radical radicó un proyecto de ley, que se suma a las propuesta anticorrupción planteadas por el Gobierno y algunos movimientos alternativos. Esta iniciativa plantea tres puntos específicos: fortalecer las penas contra el testaferrato, establecer responsabilidad penal contra las personas jurídica y extender los procesos de extinción de dominio a los jueves penales de circuito.

Según este proyecto quien incurra en el delito de testaferrato, tendrá penas de prisión de 10 a  25 años y multas que van de los 800 a 70 mil salarios mínimos legales vigentes. Al respecto el Senador Temístocles Ortega señaló:

“Hacemos hincapié en la necesidad del pliego tipo para todo de contratación pública. Adicionalmente estamos aumentando la pena para los delitos de testaferrato. Establecemos la responsabilidad penal por delitos de corrupción para las personas jurídicas, de esta manera pretendemos frenar aquellas actividades de estos entes particulares, que utilizan a sus servidores privados para incurrir en conductas contra el erario público”.

Por su parte, el Representante a la Cámara Julio Cesar Triana, destacó que este proyecto de ley contempla mecanismos que buscan controlar a los funcionarios públicos y fortalecer el mecanismo  de extinción de dominio.

“Planteamos que la declaración de renta que presentan los funcionarios públicos ya no sea del último año gravable, sino de los últimos 5 años. Eso nos va permitir hacer una trazabilidad de los bienes de quienes ejercen funciones públicas. Por otro lado queremos que se fortalezca el procedimiento de extinción de dominio. Hoy tenemos apenas 11 jueces especializados en la extinción de dominio y tenemos un cúmulo de procesos que no avanzan, creemos que una alternativa lógica sería que esta acción sea atendida por los jueces penales del circuito”, sostuvo Triana.

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